Comprar un terreno, obtener una licencia municipal, construir una casa, escriturarla y convertirla en el hogar familiar. Y descubrir, casi dos décadas después, que aquella autorización no se ajustaba a la legalidad y que el inmueble debe ser demolido. Es la situación a la que se enfrentan seis familias de Barreiros, en A Mariña de Lugo.
Cinco de los seis chalés están ocupados. La sexta construcción quedó sin terminar. Sus propietarios aseguran que actuaron siempre conforme a las reglas que les marcó el Ayuntamiento: adquirieron los terrenos, con los permisos correspondientes y levantaron sus casas.
Una denuncia puso en cuestión aquellas licencias y dio comienzo a un largo procedimiento judicial. En 2012, una sentencia anuló las autorizaciones por su disconformidad con el planeamiento urbanístico y ordenó restituir la situación anterior. Desde entonces se han sucedido recursos y resoluciones hasta llegar al momento actual.
El último pronunciamiento, de 27 de mayo de 2026, vuelve a situar al Concello ante la obligación de ejecutar aquella sentencia. El juzgado le concedió un plazo de cinco meses para avanzar en su cumplimiento.
La paradoja que denuncian los propietarios es evidente: ellos siguieron el procedimiento administrativo, obtuvieron una licencia y construyeron confiando en que podían hacerlo. Años después, esa misma autorización fue anulada judicialmente.
El actual Gobierno municipal no fue quien concedió aquellos permisos, pero es la institución que hoy debe afrontar las consecuencias de aquella decisión y cumplir el mandato judicial.
César Abelleira es uno de los afectados. Cuenta que las primeras reacciones fueron de “impotencia” y “rabia”. Con el paso del tiempo, las familias decidieron organizarse y tratar de encontrar una salida.
Han creado una plataforma y una página web para explicar el caso y reclaman al Ayuntamiento que explore todas las alternativas posibles. Su principal esperanza está ahora en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
Los afectados conocieron en mayo la aprobación inicial del planeamiento y consideran que su tramitación podría abrir una vía para que los chalés puedan ser legalizables o quedar amparados por la nueva ordenación.
«Lo que queremos es que se trabaje», explica Abelleira. Su petición es, fundamentalmente, ganar tiempo: ralentizar la ejecución de la sentencia mientras se estudia si el nuevo planeamiento puede ofrecer alguna solución.
Los propietarios sostienen que actuaron de buena fe y que no les corresponde asumir las consecuencias de una autorización que fue concedida por la Administración y anulada posteriormente por los tribunales. De ahí que reclamen también que las instituciones implicadas se impliquen en la búsqueda de una salida.
Los propietarios creen que están pagando un error que no cometieron
El Concello mantiene que no puede detener por iniciativa propia una resolución judicial firme. La alcaldesa, Ana Ermida, recuerda que durante estos años los tribunales han rechazado las distintas solicitudes planteadas por los afectados para paralizar su ejecución.
Además, advierte de que un nuevo planeamiento no convierte automáticamente en legales unas construcciones cuyas licencias fueron anuladas. Para que pudiera frenarse la ejecución tendría que existir un nuevo pronunciamiento judicial que determinase que existe una imposibilidad legal de cumplir la sentencia.
«Si el juzgado dice que se para la demolición o que hay posibilidades de legalización, este Concello atendería esa petición de inmediato», señaló la regidora.
La posición del Ayuntamiento actual es, por tanto, que no puede elegir entre cumplir o no cumplir la sentencia. La institución está obligada a ejecutarla y sus responsables podrían incurrir en responsabilidades si la desobedecieran.
Mientras los propietarios buscan una alternativa, el procedimiento administrativo continúa. El Ayuntamiento ha licitado los trabajos por 343.657 euros y tramita los pasos necesarios para llevarlos a cabo.
Si los titulares no permiten voluntariamente el acceso a las propiedades, será necesaria una autorización judicial.
La cuestión de fondo es quién debe soportar las consecuencias cuando un ciudadano obtiene una autorización oficial y, años después, los tribunales determinan que aquella licencia era contraria al planeamiento.
Los propietarios consideran que están pagando un error que no cometieron. El actual Gobierno municipal sostiene que tampoco puede corregir por sí mismo una decisión judicial firme.
Mientras tanto, el procedimiento avanza y el margen de las familias se estrecha. Lo que está en juego ya no es solo un expediente urbanístico: son sus casas.
Fuente: Antena 3 Noticias.
Carmen Chao.
Astrología y Espiritualidad5 años ago
Astrología y Espiritualidad5 años ago
Televisión1 año ago
Vídeo2 años ago