El ministro marroquí de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, ha reivindicado de nuevo las ciudades de Ceuta y Melilla para Marruecos en una festividad religiosa presidida por el rey Mohamed VI. En la ceremonia también se encontraban presentes el príncipe heredero, Mulay Hasán, y el primer ministro, Aziz Ajanuch.

En su discurso en el Palacio Real de Rabat por la festividad del Eid al Maulud (que celebra el nacimiento del profeta Mahoma), Toufiq ha señalado a las dos ciudades autónomas recordando a dos eruditos islámicos nacidos en Ceuta en época anterior a que dicho territorio del norte de África pasara a estar bajo soberanía española, en 1580.

Asimismo, según ha informado la agencia oficial MAP, el ministro ha destacado el «profundo vínculo» de los marroquíes con Mahoma, que se lleva a cabo a través de una expresión política, como es la comandancia de los creyentes que ostenta el monarca como descendiente del profeta, y otra espiritual y emocional.

En esta segunda expresión, Toufiq ha resaltado las obras del cadí Ayyad ‘Tratado sobre las virtudes curativas del conocimiento de los derechos del Profeta’ y de Abú al Abbas al Zafi ‘Antología de poemas compuestos en celebración del nacimiento del ilustre Profeta’. También ha mencionado la obra del imán Al Jazuli ‘Las guías hacia los caminos del Bien’, cuyas oraciones que han sido enarboladas por los marroquíes «en su lucha sagrada para liberar las ciudades ocupadas situadas a lo largo del océano Atlántico a comienzos de la época contemporánea».

El cadí Ayyad nació en Ceuta a finales del siglo XI y fue juez de dicha ciudad, además de ejercer durante un período breve como juez de Granada, y es una figura importante del sufismo en Marruecos.

El ministro de Justicia marroquí reivindica los «derechos históricos» de ambas ciudades
Las palabras del ministro se producen tras las declaraciones que también ha dejado en las últimas semanas, después de la entrada de 80.000 migrantes en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien ha reivindicado los «derechos históricos y geográficos» de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y propone un diálogo con España.

Al acto, según la agencia MAP, asistieron también los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento, consejeros del rey, miembros del Gobierno, los presidentes de las instancias constitucionales, los oficiales superiores del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, miembros del cuerpo diplomático islámico acreditado en Rabat, así como de varios ulemas y otros invitados con cargos civiles y militares.

El monarca llegó a Rabat en un vehículo conducido por el príncipe heredero y en el que se encontraban a bordo dos de sus consejeros, Fuad Alí el Himma y Taieb Fassi Fihri, según distintas imágenes difundidas a través de las redes sociales.

Fuente: Antena 3 Noticias.

Alejandro Lorente.

Comprar un terreno, obtener una licencia municipal, construir una casa, escriturarla y convertirla en el hogar familiar. Y descubrir, casi dos décadas después, que aquella autorización no se ajustaba a la legalidad y que el inmueble debe ser demolido. Es la situación a la que se enfrentan seis familias de Barreiros, en A Mariña de Lugo.

Cinco de los seis chalés están ocupados. La sexta construcción quedó sin terminar. Sus propietarios aseguran que actuaron siempre conforme a las reglas que les marcó el Ayuntamiento: adquirieron los terrenos, con los permisos correspondientes y levantaron sus casas.

Una denuncia puso en cuestión aquellas licencias y dio comienzo a un largo procedimiento judicial. En 2012, una sentencia anuló las autorizaciones por su disconformidad con el planeamiento urbanístico y ordenó restituir la situación anterior. Desde entonces se han sucedido recursos y resoluciones hasta llegar al momento actual.

El último pronunciamiento, de 27 de mayo de 2026, vuelve a situar al Concello ante la obligación de ejecutar aquella sentencia. El juzgado le concedió un plazo de cinco meses para avanzar en su cumplimiento.

La paradoja que denuncian los propietarios es evidente: ellos siguieron el procedimiento administrativo, obtuvieron una licencia y construyeron confiando en que podían hacerlo. Años después, esa misma autorización fue anulada judicialmente.

El actual Gobierno municipal no fue quien concedió aquellos permisos, pero es la institución que hoy debe afrontar las consecuencias de aquella decisión y cumplir el mandato judicial.

César Abelleira es uno de los afectados. Cuenta que las primeras reacciones fueron de “impotencia” y “rabia”. Con el paso del tiempo, las familias decidieron organizarse y tratar de encontrar una salida.

Han creado una plataforma y una página web para explicar el caso y reclaman al Ayuntamiento que explore todas las alternativas posibles. Su principal esperanza está ahora en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Los afectados conocieron en mayo la aprobación inicial del planeamiento y consideran que su tramitación podría abrir una vía para que los chalés puedan ser legalizables o quedar amparados por la nueva ordenación.

«Lo que queremos es que se trabaje», explica Abelleira. Su petición es, fundamentalmente, ganar tiempo: ralentizar la ejecución de la sentencia mientras se estudia si el nuevo planeamiento puede ofrecer alguna solución.

Los propietarios sostienen que actuaron de buena fe y que no les corresponde asumir las consecuencias de una autorización que fue concedida por la Administración y anulada posteriormente por los tribunales. De ahí que reclamen también que las instituciones implicadas se impliquen en la búsqueda de una salida.

Los propietarios creen que están pagando un error que no cometieron
El Concello mantiene que no puede detener por iniciativa propia una resolución judicial firme. La alcaldesa, Ana Ermida, recuerda que durante estos años los tribunales han rechazado las distintas solicitudes planteadas por los afectados para paralizar su ejecución.

Además, advierte de que un nuevo planeamiento no convierte automáticamente en legales unas construcciones cuyas licencias fueron anuladas. Para que pudiera frenarse la ejecución tendría que existir un nuevo pronunciamiento judicial que determinase que existe una imposibilidad legal de cumplir la sentencia.

«Si el juzgado dice que se para la demolición o que hay posibilidades de legalización, este Concello atendería esa petición de inmediato», señaló la regidora.

La posición del Ayuntamiento actual es, por tanto, que no puede elegir entre cumplir o no cumplir la sentencia. La institución está obligada a ejecutarla y sus responsables podrían incurrir en responsabilidades si la desobedecieran.

Mientras los propietarios buscan una alternativa, el procedimiento administrativo continúa. El Ayuntamiento ha licitado los trabajos por 343.657 euros y tramita los pasos necesarios para llevarlos a cabo.

Si los titulares no permiten voluntariamente el acceso a las propiedades, será necesaria una autorización judicial.

La cuestión de fondo es quién debe soportar las consecuencias cuando un ciudadano obtiene una autorización oficial y, años después, los tribunales determinan que aquella licencia era contraria al planeamiento.

Los propietarios consideran que están pagando un error que no cometieron. El actual Gobierno municipal sostiene que tampoco puede corregir por sí mismo una decisión judicial firme.

Mientras tanto, el procedimiento avanza y el margen de las familias se estrecha. Lo que está en juego ya no es solo un expediente urbanístico: son sus casas.

Fuente: Antena 3 Noticias.

Carmen Chao.

Irán ha elevado el tono contra los países vecinos, ante la posibilidad de que colaboren con la presión económica impulsada por Estados Unidos. Teherán advierte de que aquellos Estados que se sumen a esta estrategia serán considerados «enemigos».

La amenaza ha sido lanzada por el nuevo responsable de seguridad iraní, que además ha advertido de posibles ataques contra las rutas petroleras del Golfo Pérsico que sirven como alternativa al estrecho de Ormuz. Con esta advertencia, Irán pretende disuadir a sus vecinos de participar en lo que considera una «guerra económica» promovida por Washington.

Irán duplica su producción de armamento

El Gobierno iraní también asegura que está reforzando su capacidad militar. Según su Ministerio de Defensa, el país ha duplicado durante el último año la fabricación de armamento y equipamiento militar. Teherán justifica este aumento por la necesidad de estar preparado ante posibles nuevos ataques de Israel y Estados Unidos.

El incremento de la producción militar refleja la preocupación de las autoridades iraníes por su seguridad, y por la posibilidad de que vuelva a producirse una ofensiva contra el país. Al mismo tiempo, las amenazas dirigidas a sus vecinos muestran la intención de Irán de evitar que otros Estados de la región colaboren con sus adversarios.

La advertencia sobre las rutas petroleras añade un nuevo elemento de tensión. El Golfo Pérsico es una zona fundamental para el transporte de petróleo, por lo que cualquier ataque o interrupción podría afectar al suministro energético y aumentar la preocupación internacional.

Con estas declaraciones, Irán deja claro que responderá con dureza ante cualquier país vecino que, según su criterio, contribuye a la presión económica estadounidense. Teherán combina así el refuerzo de su producción militar, con amenazas dirigidas a evitar una mayor implicación de los países de la región en el conflicto.

Fuente: Antena 3 Noticias.

Marta Alarcón.